Tomado
del blog del MOCASE http://mocase-vc.blogspot.com.ar/
10 motivos
para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en
la Argentina
Sectores del
Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de agricultura y
otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de
semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas,
el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de
la UPOV y las transnacionales.
Las
consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero
también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de
alimentos.
Podemos afirmar
que:
1- La ley propuesta no protege los conocimientos ni la
biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo
que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio
inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y
diversas formas de vida La ley es
parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la
privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de
patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de
la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de
unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio
biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta
el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e
impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de
relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales,
como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las
semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho
fundamental a la alimentación.
2- Abre
las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad
agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor
privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de
Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies
vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el
proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de
empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un
trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas
relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que
cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al
considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada
ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.
3- Legaliza o
restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de
la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar
e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta
práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo
-incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que
además fue central en crear la diversidad y riqueza genética utilizadas
por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella
práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades
campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las
semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy
sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de
patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido
contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean
confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.
De esta
manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos
Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.
4. Fortalece
las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos
transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir
prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un
carácter. La definición
de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea
efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o
inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter,
facilita significativamente la práctica común de las empresas
biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o
genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia
visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables
o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.
5. Crea
condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales
en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales. La
experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre
las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción
de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades.
Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas
variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley
hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento
genético, reduciendo así la oferta tecnológica.
6. Al
otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de
mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus
propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas
semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas,
encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un
control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de
producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a
esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible
debido a que la producción de semillas se encuentra en muchos y muchas
agricultoras
7- Otorga
a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el
asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es
conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos
policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que
ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del
país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del
Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es
inadmisible la privatización del poder de policía.
8- Permite
el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no
cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y
plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en
el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin
fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.
9- El
proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser
llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de
sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está
discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el
debate. Una nueva Ley de Semillas de estas
características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate
público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino.
Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las
organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra
que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.
10- El
anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de
la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este
Proyecto. La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la
modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor
corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos
del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para
introducir nuevos transgénicos.
Hacemos un
llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto
de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter
eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a
toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de
Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas
transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la
pérdida de soberanía para nuestro pueblo.
NO a la PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA
VIDA
FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO
DE AMÉRICA LATINA
POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS
PUEBLOS.
Organizaciones
firmantes:
Movimiento
Nacional Campesino Indígena
CLOC - La
Vía Campesina Argentina
GRAIN
Amigos de la
Tierra
Acción por la Biodiversidad
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